Elabora CNDH protocolo para atender a desplazados por la violencia
W Radio | Julio 4 de 2012
La estrategia considera la necesidad de elaborar un registro nacional de 150 mil víctimas
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Por Rosario Carmona
México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora un "Protocolo de Atención a Víctimas de Desplazamiento Interno Forzado" que pretende garantizar los derechos de las personas que deben abandonar sus lugares de origen ante los conflictos armados, la violencia generalizada, desastres naturales e incluso persecución religiosa.
Aunque a la fecha no se tienen datos precisos, el Quinto Visitador de la CNDH, Fernando Batista, señaló que el primer paso es elaborar un diagnóstico que revele si la cifra de 150 mil desplazados que se ha manejado, en realidad, revela un sub registro.
"Lo primero para sentar las bases para el diseño de un programa nacional, en primer término para la prevención y en segundo término para la atención del desplazamiento interno, que tendría como un primer punto el diseño y operación de un registro nacional de personas desplazadas. Hoy por hoy no se tiene un registro claro del número concreto o un diagnóstico de quiénes son las personas desplazadas".
Señaló que los datos preliminares advierten que las entidades con el mayor desplazamiento son Chihuahua y Tamaulipas y en un segundo lugar Michoacán, Durango y Sinaloa.
"Se cuenta con algunos estudios de la Universidad de Ciudad Juárez en las que se habla de cifras de alrededor de 130 mil desplazados del 2006 al 2011 más o menos, aproximadamente, el estado o el gobierno de Chiapas, por ejemplo ha reconocido un total de 20 mil desplazados, en este caso, pero lo cierto es que no se cuenta con un diagnóstico certero".
El Quinto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que el documento completo tendrá que ser aplicado por esta instancia y por las autoridades estatales, federal y municipales donde se obliga a cumplir 30 principios rectores que van desde prevenir el desplazamiento hasta garantizar los derechos humanos, al trabajo, a una vida digna. a la seguridad, a la no discriminación, a la atención médica y jurídica de las personas que se ven obligadas a salir de sus comunidades sin dejar el país.